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Al Poder Judicial desde su creación se le ha encomendado por mandato constitucional la función de impartir justicia mediante la Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales establecidos por ley, en virtud de esta labor fundamental de nuestro estado de derecho, la tramitación de todos los procesos que determinan las leyes han generado una producción inmensurable de expedientes judiciales a nivel nacional.
Por esta razón en la administración presidencial de Tomás Guardia Gutiérrez, se creó, mediante la Ley Nº XIII de 23 de mayo de 1878, la oficina de Archivos Judiciales (Colección de Leyes y Decretos 1878, 63-71); debido a que el Consejo Nacional de la República consideró que se hacía necesario conservar siempre en orden, seguridad y perfecto estado los voluminosos archivos de las judicaturas civil y de comercio de la República; así como los protocolos. Esta Ley disponía ya el uso de instrumentos descriptivos y procedimientos para la transferencia de documentos.
Posteriormente, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, Nº 8 de 29 de noviembre de 1937, en el Capítulo III, denominado “Del Archivero”, incluye algunas disposiciones relativas al manejo de los expedientes contencioso administrativos, civiles, comerciales, penales y de trabajo y señala en el artículo 129 que “el Archivo Judicial estará a cargo del Archivero Nacional...”.
A partir de 1950, el Poder Judicial comenzó a archivar los expedientes, en los propios despachos judiciales. En 1969 se formalizó la oficina el Archivo Judicial, adscrita directamente a la Presidencia de la Corte, cuyo jefe fue el señor Guido Lizano Hernández. Inició sus funciones en el piso mezanine del Edificio de los Tribunales de Justicia de San José y como primera labor se llevó a cabo el traslado de todos los expedientes archivados por los diferentes despachos desde un periodo de veinte años atrás, pero debido al gran volumen fue necesario habilitar locales en Cartago y en una bodega denominada “Begonia” cerca de Plaza Cleto González Víquez al sur de la ciudad de San José.
Posteriormente, en abril del año de mil novecientos noventa y cuatro, se arrienda un inmueble conocido como Beneficio La Meseta, situado en San Pablo de Heredia, al mes siguiente se traslada un número considerable de expedientes para desalojar paulatinamente el mezanine del Edificio de los Tribunales de Justicia de San José.
Luego, a partir del segundo semestre del año de 1997, el Archivo Judicial se traslada en forma definitiva a dicho inmueble.
En el año 2004 se inició la construcción de un nuevo edificio para el Archivo Judicial, ubicado en el Complejo de Ciencias Forenses en San Joaquín de Flores, el cual se finalizó en el 2005. Ese mismo año se realizó el traslado de expedientes, actividad en la cual se tardó 6 meses para completarla, también se inició un gran proceso de eliminación de documentos, de conformidad con el artículo 47 bis de la Ley de Reorganización Judicial Nº 7728 de 15 de diciembre de 1997.
Al día de hoy se custodian en el Archivo Judicial aproximadamente 5.000.000 de expedientes en un área de construcción de 5357 metros cuadrados.
Es así como el Archivo Judicial se ha consolidado a través de la historia como órgano rector de la gestión documental en la institución, desarrollando una serie de estrategias mediante la formulación de planes y proyectos abordando integralmente con otras instancias una serie de diagnósticos, propuestas y análisis que reflejen el estado real de la gestión documental que afronta el Poder Judicial con el fin de satisfacer la imperiosa necesidad de la información que es congruente con su visión y misión y que además se le ha encomendado por ley.